Dichos programas tienen numerosas ventajas sociales: inciden en áreas especialmente deprimidas; contribuyen a la fijación de la población en el medio rural; suponen un coste muy moderado por puesto de trabajo creado, ya que un alto porcentaje de la inversión -entre el 70 y el 80% en promedio- corresponde a salarios; requieren una cualificación profesional generalmente modesta; permiten la aplicación de políticas de género en el medio rural; absorben parte del desempleo procedente de sectores en crisis como la construcción o la hostelería, que anteriormente se nutrieron del sector agrario; etc…Además de las indudables ventajas sociales, pueden suponer una gran oportunidad de desarrollo para actividades económicas sostenibles: creación de nuevas masas forestales para diversos fines -defensa contra la erosión, fijación del CO2 atmosférico, aportación para mitigar el cambio climático, producción de bienes y servicios, mejora de la biodiversidad…-; tratamientos de las masas forestales para prevención de plagas, enfermedades y circunstancias climáticas; mejora de bosques y dehesas para su puesta en valor; adaptación de muchas masas forestales al aprovechamiento de su biomasa para la producción de energías renovables; mejora de infraestructuras de acceso y equipamientos para actividades en el monte; etc.
Llama la atención que disponiendo los gobiernos -central, autonómicos, locales- de una herramienta tan eficaz como económica para paliar sensiblemente el desempleo rural, en la práctica parecen haberla descartado en la agenda de medidas contra la crisis económica.
Bien es cierto que el nuevo plan del Gobierno para invertir 5000 millones de euros a través de los Ayuntamientos, junto con los 3000 millones que se reserva para su aplicación directa incluye algunas medidas de este tipo entre las acciones financiables, pero siendo realistas no es fácil que los Ayuntamientos andaluces apuesten decididamente por estas inversiones en sus montes, ya que casi siempre hay otras prioridades a causa de sus carencias crónicas en la prestación de servicios, muchas veces obligatorios. En cuanto a la Administración Central, carece prácticamente de terrenos para invertir en materia forestal y no parece muy plausible la firma de Convenios entre ella y las Comunidades Autónomas para resolver este escollo.
Entiendo que es el ámbito de la Comunidad Autónoma el idóneo para formular un plan de empleo forestal, pues no solamente la Junta de Andalucía es con diferencia el mayor propietario forestal de la región con unas 700.000 hectáreas gestionado además vía Convenio otra superficie equivalente propiedad de Ayuntamientos e incluso de propietarios privados, sino que además ostenta las competencias generales en materia forestal.
Además de todas las ventajas expuestas, este Plan extraordinario podría permitir reformular la política de subvenciones forestales a los montes privados trasvasando ciertos presupuestos ordinarios de la Consejería de Medio Ambiente del sector público al privado; el efecto de las subvenciones forestales correctamente asignadas permite multiplicar la inversión con la aportación privada, y por lo tanto la creación de empleo. Ello supondría por otra parte una gran oportunidad para corregir la injusta asignación de recursos para el sector forestal privado de la última convocatoria de ayudas.
En resumen, un Plan de Empleo Forestal ofrece la oportunidad de combatir el desempleo en el medio rural, para afrontar la desfavorable coyuntura por la que atraviesa Andalucía, al menos en tanto se produce la deseada recuperación del empleo en otros sectores.
